La ciudad de Rosario volvió a demostrar este martes que, cuando se trata de la educación pública, las grietas se disuelven para dar paso a una construcción colectiva que trasciende lo partidario. La marcha que unió la Plaza San Martín con el Monumento Nacional a la Bandera no fue simplemente un reclamo presupuestario; fue una declaración de identidad de una sociedad que se niega a romper el «ascensor social» que la definió durante décadas.
Lo más disruptivo de esta movilización no fue solo el número —estimado en más de 100 mil personas— sino su composición. En un contexto de creciente polarización, la educación superior logró lo que pocos temas consiguen: sentar en la misma mesa (o en la misma calle) al jubilado que no terminó el secundario, a la decana que es primera generación universitaria y al estudiante «silvestre» que no milita en ninguna agrupación, pero entiende que su futuro está en juego.
Esta heterogeneidad es la respuesta más contundente al discurso oficial. Cuando la marcha deja de ser solo de los gremios o de las autoridades para convertirse en una columna de familias y ciudadanos de a pie, el reclamo adquiere una legitimidad que las planillas de Excel no pueden rebatir.
El cartel del ingeniero que suma a la madre costurera y al padre maestro para dar como resultado un profesional universitario, resume la mística de la UNR.
La universidad pública no es un gasto, sino una inversión en soberanía personal y nacional.
Estas historias contrastan dolorosamente con la realidad que denuncian los estudiantes: el impacto emocional de ver a sus docentes «angustiados» frente al aula. No es solo un problema de números o de leyes de financiamiento; es un deterioro del tejido humano que sostiene el sistema.
El mensaje enviado desde el Monumento es claro: la universidad pública es un emblema que la sociedad rosarina no está dispuesta a entregar.
La masividad de la convocatoria en Rosario —réplica de lo sucedido en Buenos Aires y otras ciudades— pone al Gobierno Nacional frente a un espejo incómodo. La sociedad argentina parece haber trazado una línea roja. Se pueden discutir los modos, las auditorías o la eficiencia, pero no la existencia misma de una institución que, para muchos, es el único puente hacia una vida digna.
Rosario no solo marchó por un presupuesto; marchó por su propia biografía. En cada pancarta escrita a mano y en cada paso hacia el río, se reafirmó que el conocimiento no es un privilegio de pocos, sino un derecho que se defiende «hasta el hueso». La pregunta ahora es si el poder político sabrá leer esta marea humana o si elegirá seguir ignorando un grito que, por ser transversal, es hoy el más potente del país.
Foto Marcelo Bustamante / La Capital
